Me preocupa y mucho observar hacia donde vamos en sanidad, servicios sociales, y educación.

Me preocupa, leo la prensa, me intereso por las últimas novedades legislativas, valoro los últimos movimientos políticos. Y lo hago porque me interesa: el resto de la vida de mi hijo me interesa, y me interesa que él tenga la oportunidad de decidir como vivirla.

Con frecuencia recibo llamadas o correos de padres de niños con diversidad funcional. Ayer compartí unos minutos por teléfono con la madre de un niño de siete años. Un niño que tiene un dictamen de escolarización que garantiza su derecho a una inclusión eficaz y efectiva, de acuerdo a las necesidades e intereses del niño. A priori, con un dictamen modélico este niño debería estar en unas buenas condiciones en el colegio, por lógica. Ya no vamos a pedir condiciones excepcionales, al menos decentes. A mi me parece indecente que con conocimiento y consentimiento de la delegación provincial de educación ese niño esté tirado en una colchoneta, y además le digan a la madre que el curso que viene va a estar en las mismas condiciones. Vamos que se pasan el dictamen por el arco del triunfo, y la dignidad del niño pues por el mismo sitio, y tan frescos.

Si algo nos ha enseñado un año del Libro de la vergüenza es que cuando te parece que no puede haber una situación peor, tenemos noticias de otra situación que supera la anterior.

Cualquiera a quien le corra sangre por las venas no puede hacer otra cosa que indignarse. No podemos dar por bueno que las cosas son así, que no hay dinero, que es lo que te dicen cuando mantienes cualquier tipo de reunión, al nivel que sea, ni resignarnos. Porque resignarnos significa consentir que la dignidad de nuestros hijos, se mide por otro rasero por una sola razón: Por su diversidad funcional.

Estos días estoy leyendo en prensa distintas noticias, noticias de Galicia, y noticias nacionales, noticias que llevo barruntando en la cabeza varios días.

Veo ayer al Presidente de Murcia comentando la necesidad de que se establezca un co-pago en sanidad y educación. No puedo dejar de pensar qué copago tenemos que asumir los padres de los niños con diversidad funcional españoles. Tal vez deberían aclararlo.
¿copagan los padres de este niño la colchoneta? ¿Si copagan va a tener derecho a los medios y ajustes que necesita según su dictamen?
¿qué le decimos a los papás de la niña que se pasa la mañana atada a un andador, no por su diversidad funcional, sino porque no hay personal de apoyo para esta niña en el colegio dónde está escolarizada? ¿les decimos que tienen que co-pagar las vendas con las que atan a su hija?
¿y a los padres de los niños que están sin escolarizar y a la espera de sentencia judicial porque no aceptan que se segrege a sus hijos por razón de su diversidad y a conveniencia de la administración de turno? ¿qué copagan, el colegio del que les han echado?
¿qué tengo que copagar yo? ¿las clases que mi hijo recibe en gallego (no porque tenga yo nada en contra del gallego, es que en casa somos castellano hablantes, el mismo problema lo tiene un niño galego-falante) lengua materna porque según la normativa vigente en Galicia no tiene derecho a ajustes razonables por tener un trastorno de la comunicación y el lenguaje?.
¿o copago la posible conversión de su centro en un centro trilingue? un decreto de 40 millones de euros que no tiene ninguna previsión para los niños con diversidad funcional escolarizados en los centros ordinarios.

Si los padres de los niños con diversidad funcional copagamos lo que ya pagamos con nuestros impuestos ¿tendrán entonces nuestros hijos una escolarización inclusiva digna, y acorde a sus Derechos Humanos?
Y es que no es que diga yo que no podemos hablar de dignidad y Derechos Humanos cuando hablamos de la educación inclusiva de los niños con diversidad funcional: lo dice el Sr. Ángel Gabilondo.

Nos llaman fundamentalistas de la inclusión educativa, en Galicia todo se sabe. Yo soy fundamentalista de los Derechos Humanos, y fundamentalista de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce a todos.

La INCLUSIÓN educativa y social es un DERECHO y como tal DERECHO no cuestionarse la conveniencia de aplicarlo de forma efectiva por parte de políticos, instituciones y demás entidades interesadas

El gobierno gallego tiene la obligación cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente, entre el que está la Convención de Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional, desde el 2008, vamos que va para tres años.

Yo que soy fundamentalista, no cuestiono la necesidad de invertir en servicios educativos, centros de dia, residencias y demás servicios creados y mantenidos por asociaciones de familiares de personas con diversidad funcional.

Lo que cuestiono es que el gobierno gallego que preside el Sr. Feijóo realice inversiones de dinero público (dinero de todos) en políticas de atención a la diversidad contrarias a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.

Lo que me indigna como madre de un menor con diversidad funcional es que el Presidente de la Xunta de Galicica, mi Presidente, realice declaraciones en la inaguración de un Centro de educación especial, diciendo que su gobierno apuesta por la integración de las personas con diversidad.

Yo comprendo que el Presidente no puede saber de todo, no comprendo que con mis impuestos, con los impuestos de todos los gallegos se paguen asesores que no le indican lo que es conveniente que diga, por verguenza torera, más que nada.

Yo creo que el gobierno de Galicia tiene que gobernar para todos, y para todos significa financiar servicios (más que necesarios ) de asociaciones y entidades y garantizar que las personas con diversidad funcional puedan educarse en centros ordinarios, y su educación sea digna y en igualdad de oportunidades con sus compañeros, y puedan desarrollar una vida independiente en su comunidad, como todos.

Es evidente que estamos inmersos en una crisis económica mundial. Esto no es una cuestión de crisis, es una cuestión de oportunidad o rédito político. Que un niño disponga de los profesionales que necesita en lugar de estar tirado en una colchoneta no sale en la foto, otras cosas sí.

Así que todo se reduce a la valoración del coste electoral de respetar o no los Derechos Humanos de nuestros hijos.

Esther Cuadrado